Líneas rojas El Gobierno toma el control de TVE y restringe la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

El Gobierno tomó ayer una batería de decisiones graves. Por un lado, recupera el control gubernamental del principal medio público de comunicación (RTVE); por otro, reduce los presupuestos de dos servicios esenciales (Sanidad y Educación), contraviniendo sus promesas electorales, argumentando —no sin razón— el necesario recorte del déficit público. Y cruza una línea roja que, de no corregirse, puede conllevar consecuencias no deseadas sobre la sanidad pública: no bastará ya el empadronamiento para recibir atención sanitaria, sino que se precisará tener también residencia fiscal. La expulsión del sistema de los inmigrantes en situación irregular puede así acabar creando bolsas de población sin control sanitario, algo sobre lo que advierten médicos y expertos.
El déficit de RTVE ha sido incluso la coartada para cambiar las reglas del juego establecidas en 2006 y que dieron lugar, por vez primera, a una televisión pública más estatal que gubernamental por cuanto la elección de su presidente y su consejo requerían el voto de dos terceras partes del Congreso. Este sistema obligaba al PP y al PSOE a pactar los nombramientos. Cuando ha llegado al Gobierno, el PP, que durante los gobiernos de Aznar (1996-2004) demostró su escaso apego a la independencia informativa, ha puesto de manifiesto su resistencia a mantener tal sistema.
Reescribir una disposición transitoria de la ley para poder elegir al presidente por mayoría absoluta es una argucia difícilmente sostenible en la necesidad de desbloquear la situación, dados los recortes presupuestarios que debía acometer RTVE. Rajoy y Rubalcaba se habían dado de plazo hasta el verano y el consejo ya estaba tomando medidas para adecuar su presupuesto. Es inevitable sospechar de otras razones y apetencias, toda vez que el PP, y sobre todo sus barones regionales, han hecho campaña del supuesto maltrato que les deparaban los informativos de TVE. Esa disposición permitía solo por una vez, en 2006, elegir al presidente por mayoría absoluta transcurridos dos meses desde la primera votación parlamentaria. No esperar siquiera a dicho trámite para cambiar las reglas anula de facto la negociación con el PSOE, partido con el que aún ha de pactar otros recambios institucionales.
Contrasta con esta decisión la de abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Poseen audiencias en retroceso y no alcanzan la influencia política de TVE. Algunas son, además, grandes máquinas de perder dinero. De ahí que la medida gubernamental resulte razonable.
El balance de los recortes en sanidad y educación tiene un sabor amargo. Se han presentado como medidas de racionalidad en el gasto, pero el conjunto tiene más de reducción que de racionalización, aunque algunas son razonables, como la supresión de titulaciones universitarias sin suficientes alumnos. Pese a que Wert aseguró que “apenas” afectaría a la calidad, su simple enumeración indica lo contrario: menos profesores, más alumnos por clase, más carga lectiva, menos oferta en el bachillerato y un aplazamiento de la renovación de la FP. Las medidas afectan también a la equidad, pues en el caso del copago de los medicamentos hace recaer los ingresos adicionales sobre el colectivo más vulnerable: la tercera edad, que es también el que tiene menos ingresos. Y subir las tasas universitarias sin aumentar las becas supone también que los hijos de las familias con menos recursos tendrán más dificultades para cursar estudios universitarios.
Es un cambio de modelo. Hasta ahora, la mayor parte del coste de la educación superior o de los medicamentos se repartía entre todos, puesto que se financiaba mayoritariamente a través de sistema impositivo. El PP prefiere repercutirlo sobre quienes los usan: los enfermos y las familias de los estudiantes, además de dejar a los inmigrantes irregulares sin cobertura.
http://elpais.com/elpais/2012/04/20/opinion/1334951859_518698.html

Derecho limitado El Gobierno utiliza el real decreto de recortes para cambiar el modelo de sistema sanitario.

En nombre de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de Mariano Rajoy le ha arrebatado su propia naturaleza. La asistencia sanitaria pública era un derecho universal desde 1986 de “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español”. Ahora, con el real decreto aprobado por el Gobierno, es un derecho solo para “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”, una condición que impone el texto normativo publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado y que deja en entredicho los desmentidos oficiales de ayer de la propia ministra de Sanidad Ana Mato, empeñada en negar la evidencia.
La Ley General de 1986, que ayer cumplió justamente 26 años, fue una importante conquista social. Su aplicación ha llevado años y aun hoy hay flecos pendientes para cumplir con una norma clave del desarrollo del sistema sanitario español y que establecía que la salud debía estar “orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deroga el espíritu de aquella ley dejando sin cobertura a algunos colectivos —inmigrantes en situación irregular— y, como mínimo, complica el acceso al sistema a otros —mayores de 26 años no cotizantes y divorciados sin ingresos—.
Resulta difícilmente explicable que el Gobierno haya utilizado un real decreto presentado como una batería de medidas de ahorro para acometer un cambio de tal profundidad. Un cambio que, según proyecta el Ejecutivo, ni siquiera se someterá al amplio debate parlamentario que le correspondería. A falta de un desarrollo reglamentario posterior, lo cierto es que el texto legal parece abrir la puerta a un modelo distinto, lleno de inquietantes interrogantes. Sanidad debería explicar qué pasará el 1 de septiembre con los inmigrantes irregulares sometidos a un tratamiento grave o qué requisitos se pedirá al joven que, al cumplir los 26 años sin haber cotizado, tenga que renovar su tarjeta sanitaria. Tras la afirmación de Mato de que “nadie quedará sin cobertura” hay ahora una base legal más endeble. No cotizar a la Seguridad Social sin ser parado, pensionista, ganar por debajo del salario mínimo o disfrutar de una prestación periódica deja fuera del sistema al ciudadano. Y si todo siguiera como hasta ahora como dice Mato, mejor se hubieran ahorrado en el nuevo texto tanto condicionante.
Aun más inexplicable resulta tal cambio si se tienen en cuenta los escasos ahorros que conlleva; muy por debajo de lo estimado por la propia ministra, que los cifró en 500 millones mientras cálculos profesionales los sitúan en menos de la mitad. Lo mismo sucede con el medicamentazo —165 millones de recorte según el ministerio—, parte sustancial del decreto y que va a suponer un esfuerzo especial para los pensionistas y enfermos crónicos. Se eleva el copago en los términos en que se anunció la semana pasada, pero en el real decreto se les penaliza más de lo esperado al establecer un sistema de reembolso que va a obligar a adelantar el dinero al sistema sanitario incluso durante seis meses: un auténtico abuso con los más necesitados de medicinas y usuarios de traslados no urgentes y otras prestaciones.
El real decreto, por último, apuesta su mayor capacidad ahorradora a una nueva vuelta de tuerca para los laboratorios farmacéuticos y aprovecha para exigir a las comunidades autónomas el equilibrio presupuestario antes de ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en las carteras comunes establecidas. En tales preceptos se amplía el poder del Estado para controlar a las comunidades autónomas con un tufillo de recentralización que puede ser más ideológico que pragmático.

Espero no estar nunca en su pellejo

Trabajo atendiendo a personas con infección por el VIH en un hospital público. De los 1.000 pacientes bajo mi cuidado, unos 150 son inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario, y la mayoría no sabían que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de un trabajo con el que ganarse la vida, o se han infectado estando en nuestro país.
Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento antirretroviral en agosto si se cumple lo anunciado por la señora ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles.
Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles morir, pero no nos importará porque son ilegales. No lo merecen. No existen. Pero yo conozco sus nombres y sus caras y cuando me despida de ellos en la consulta sabré que soy parte de la hipocresía de una sociedad donde el derecho a la vida es solo para algunos. ¿Qué sentirá un político tomando decisiones que suponen la muerte de personas en aras de un bien supuestamente superior, como es la reducción del déficit? Espero no estar nunca en su pellejo.— Federico Pulido Ortega.
 http://elpais.com/elpais/2012/04/26/opinion/1335461380_222409.html