domingo, 29 de abril de 2012

Líneas rojas El Gobierno toma el control de TVE y restringe la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

El Gobierno tomó ayer una batería de decisiones graves. Por un lado, recupera el control gubernamental del principal medio público de comunicación (RTVE); por otro, reduce los presupuestos de dos servicios esenciales (Sanidad y Educación), contraviniendo sus promesas electorales, argumentando —no sin razón— el necesario recorte del déficit público. Y cruza una línea roja que, de no corregirse, puede conllevar consecuencias no deseadas sobre la sanidad pública: no bastará ya el empadronamiento para recibir atención sanitaria, sino que se precisará tener también residencia fiscal. La expulsión del sistema de los inmigrantes en situación irregular puede así acabar creando bolsas de población sin control sanitario, algo sobre lo que advierten médicos y expertos.
El déficit de RTVE ha sido incluso la coartada para cambiar las reglas del juego establecidas en 2006 y que dieron lugar, por vez primera, a una televisión pública más estatal que gubernamental por cuanto la elección de su presidente y su consejo requerían el voto de dos terceras partes del Congreso. Este sistema obligaba al PP y al PSOE a pactar los nombramientos. Cuando ha llegado al Gobierno, el PP, que durante los gobiernos de Aznar (1996-2004) demostró su escaso apego a la independencia informativa, ha puesto de manifiesto su resistencia a mantener tal sistema.
Reescribir una disposición transitoria de la ley para poder elegir al presidente por mayoría absoluta es una argucia difícilmente sostenible en la necesidad de desbloquear la situación, dados los recortes presupuestarios que debía acometer RTVE. Rajoy y Rubalcaba se habían dado de plazo hasta el verano y el consejo ya estaba tomando medidas para adecuar su presupuesto. Es inevitable sospechar de otras razones y apetencias, toda vez que el PP, y sobre todo sus barones regionales, han hecho campaña del supuesto maltrato que les deparaban los informativos de TVE. Esa disposición permitía solo por una vez, en 2006, elegir al presidente por mayoría absoluta transcurridos dos meses desde la primera votación parlamentaria. No esperar siquiera a dicho trámite para cambiar las reglas anula de facto la negociación con el PSOE, partido con el que aún ha de pactar otros recambios institucionales.
Contrasta con esta decisión la de abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Poseen audiencias en retroceso y no alcanzan la influencia política de TVE. Algunas son, además, grandes máquinas de perder dinero. De ahí que la medida gubernamental resulte razonable.
El balance de los recortes en sanidad y educación tiene un sabor amargo. Se han presentado como medidas de racionalidad en el gasto, pero el conjunto tiene más de reducción que de racionalización, aunque algunas son razonables, como la supresión de titulaciones universitarias sin suficientes alumnos. Pese a que Wert aseguró que “apenas” afectaría a la calidad, su simple enumeración indica lo contrario: menos profesores, más alumnos por clase, más carga lectiva, menos oferta en el bachillerato y un aplazamiento de la renovación de la FP. Las medidas afectan también a la equidad, pues en el caso del copago de los medicamentos hace recaer los ingresos adicionales sobre el colectivo más vulnerable: la tercera edad, que es también el que tiene menos ingresos. Y subir las tasas universitarias sin aumentar las becas supone también que los hijos de las familias con menos recursos tendrán más dificultades para cursar estudios universitarios.
Es un cambio de modelo. Hasta ahora, la mayor parte del coste de la educación superior o de los medicamentos se repartía entre todos, puesto que se financiaba mayoritariamente a través de sistema impositivo. El PP prefiere repercutirlo sobre quienes los usan: los enfermos y las familias de los estudiantes, además de dejar a los inmigrantes irregulares sin cobertura.
http://elpais.com/elpais/2012/04/20/opinion/1334951859_518698.html

Derecho limitado El Gobierno utiliza el real decreto de recortes para cambiar el modelo de sistema sanitario.

En nombre de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de Mariano Rajoy le ha arrebatado su propia naturaleza. La asistencia sanitaria pública era un derecho universal desde 1986 de “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español”. Ahora, con el real decreto aprobado por el Gobierno, es un derecho solo para “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”, una condición que impone el texto normativo publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado y que deja en entredicho los desmentidos oficiales de ayer de la propia ministra de Sanidad Ana Mato, empeñada en negar la evidencia.
La Ley General de 1986, que ayer cumplió justamente 26 años, fue una importante conquista social. Su aplicación ha llevado años y aun hoy hay flecos pendientes para cumplir con una norma clave del desarrollo del sistema sanitario español y que establecía que la salud debía estar “orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deroga el espíritu de aquella ley dejando sin cobertura a algunos colectivos —inmigrantes en situación irregular— y, como mínimo, complica el acceso al sistema a otros —mayores de 26 años no cotizantes y divorciados sin ingresos—.
Resulta difícilmente explicable que el Gobierno haya utilizado un real decreto presentado como una batería de medidas de ahorro para acometer un cambio de tal profundidad. Un cambio que, según proyecta el Ejecutivo, ni siquiera se someterá al amplio debate parlamentario que le correspondería. A falta de un desarrollo reglamentario posterior, lo cierto es que el texto legal parece abrir la puerta a un modelo distinto, lleno de inquietantes interrogantes. Sanidad debería explicar qué pasará el 1 de septiembre con los inmigrantes irregulares sometidos a un tratamiento grave o qué requisitos se pedirá al joven que, al cumplir los 26 años sin haber cotizado, tenga que renovar su tarjeta sanitaria. Tras la afirmación de Mato de que “nadie quedará sin cobertura” hay ahora una base legal más endeble. No cotizar a la Seguridad Social sin ser parado, pensionista, ganar por debajo del salario mínimo o disfrutar de una prestación periódica deja fuera del sistema al ciudadano. Y si todo siguiera como hasta ahora como dice Mato, mejor se hubieran ahorrado en el nuevo texto tanto condicionante.
Aun más inexplicable resulta tal cambio si se tienen en cuenta los escasos ahorros que conlleva; muy por debajo de lo estimado por la propia ministra, que los cifró en 500 millones mientras cálculos profesionales los sitúan en menos de la mitad. Lo mismo sucede con el medicamentazo —165 millones de recorte según el ministerio—, parte sustancial del decreto y que va a suponer un esfuerzo especial para los pensionistas y enfermos crónicos. Se eleva el copago en los términos en que se anunció la semana pasada, pero en el real decreto se les penaliza más de lo esperado al establecer un sistema de reembolso que va a obligar a adelantar el dinero al sistema sanitario incluso durante seis meses: un auténtico abuso con los más necesitados de medicinas y usuarios de traslados no urgentes y otras prestaciones.
El real decreto, por último, apuesta su mayor capacidad ahorradora a una nueva vuelta de tuerca para los laboratorios farmacéuticos y aprovecha para exigir a las comunidades autónomas el equilibrio presupuestario antes de ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en las carteras comunes establecidas. En tales preceptos se amplía el poder del Estado para controlar a las comunidades autónomas con un tufillo de recentralización que puede ser más ideológico que pragmático.

Espero no estar nunca en su pellejo

Trabajo atendiendo a personas con infección por el VIH en un hospital público. De los 1.000 pacientes bajo mi cuidado, unos 150 son inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario, y la mayoría no sabían que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de un trabajo con el que ganarse la vida, o se han infectado estando en nuestro país.
Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento antirretroviral en agosto si se cumple lo anunciado por la señora ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles.
Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles morir, pero no nos importará porque son ilegales. No lo merecen. No existen. Pero yo conozco sus nombres y sus caras y cuando me despida de ellos en la consulta sabré que soy parte de la hipocresía de una sociedad donde el derecho a la vida es solo para algunos. ¿Qué sentirá un político tomando decisiones que suponen la muerte de personas en aras de un bien supuestamente superior, como es la reducción del déficit? Espero no estar nunca en su pellejo.— Federico Pulido Ortega.
 http://elpais.com/elpais/2012/04/26/opinion/1335461380_222409.html

martes, 17 de abril de 2012

EDITORIAL ENRÉDATE-DE REPÚBLICA (LA COSA DE TODOS)

A cidadanía é inculta. Só así pódese entender que trabuquen os «aforros» nos presupostos cos «recortes» dos que tanto falan. A causa desto pode ser a ineficacia da política en Educación, traducida no fracaso escolar, e os programas educativos que fan que un enxeñeiro, por exemplo, non teña nin idea de quen raio foi Aristóteles. Segundo o Goberno, esto ten un amaño doado: menos profesores e máis alumnos por clase. Sendo máis, malo será que non haxa algún que lles ensine ós seus compañeiros, mentres os profesionais do ensino exercen a súa cátedra na rúa (ata que os manden á cadea).


E, falando dos «aforros», non tiñamos que agardar outra cousa, dende que asistimos ó logro do fin derradeiro do capitalismo: A conversión dos Estados nunha Sociedad Limitada, cuios socios ben sabemos quen son. Coa salvedade de que os que aportan o capital e crean riqueza co seu traballo non son partícipes da Sociedad e, polo tanto, tampouco dos dividendos. Nos tempos da escravitude, a lo menos o escravo tiña un valor, un prezo, e os donos trataban de mantelos sans e que non morreran. Agora tamén hai medo a que enfermen (para «aforrar» na súa cura), pero non a que morran (para «aforrar» nas pensións). É un xeito maquiavélico de acabar co paro.

Noutro orde de cousas, asistimos estes días á reflexión (ou «mosqueo») popular (falamos do pobo, non do partido) sobre a propia constitución do noso Estado como monarquía, e algún clama calificando ésta de «medieval». No Medievo, a lo menos, a aristocracia pagaba do seu peto as guerras e demáis trangalladas, ben que a costa da plebe (os impuestos), e a Igrexa termaba da Cultura nos mosteiros (tamén, eso sí, a costa dos campesiños e artesáns). Pero invertían os recursos económicos no país. Fachendeaban de castelos e igrexas, pero daban traballo ós canteiros, labregos etc. Ata había algún que construía hospitais e financiaba viaxes científicos. Facían algo, inda que fora por eles mesmos ou para quedar a ben con Deus. ¿Qué é o que fan agora?. Sacar os recursos económicos fora do país, constituírse non en gobernos, senón en Consellos de Administración para se repartir entre eles os cargos directivos, as prebendas, as exencións fiscais, en resumo os cartos. ¿De qué serve votar, se toda a Administración é logo posta a dedo polos gañadores?

O Estado non é unha empresa comercial, nin unha xuntanza de amigotes de taberna, nin unha peña futbolística. É un colectivo de persoas que traballan para o benestar de todos.

domingo, 15 de abril de 2012

ENREDATE Dereito a morrer dignamente 16-3

ENREDATE Dereito a morrer dignamente 16-2

ENREDATE Dereito a morrer dignamente 16-1

ALFONSINA Y EL MAR- MERCEDES SOSA

Enredate especial muller 15-5

Enredate especial muller 15-4

Enredate especial muller 15-3

Enredate especial muller 15-2

Enredate especial muller 15-1

“Vivo en una cárcel que se estrecha”

Pedro, que sufría ELA, ha luchado hasta el final para decidir cuándo y cómo morir

El sábado reunió a su familia para despedirse; el lunes falleció tras una sedación


Cinco días antes de la fecha que eligió para morir, las manos en el regazo de Pedro Martínez no son una señal de entrega o mansedumbre. Hace ya meses que las tiene continuamente así, porque la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que las atenaza las dejó inertes. Pero este hombre que nació en Teruel hace 34 años ha mantenido la lucha en la mirada y en la determinación de controlar el devenir de su enfermedad hasta conseguir una sedación terminal que, para cuando se publican estas líneas, ya ha puesto fin a su vida. En los días previos a la sedación que terminó con su sufrimiento, Pedro Martínez se despide de los suyos y comparte su experiencia con EL PAÍS.


Pedro ha llegado al límite. La ELA es una enfermedad que ataca de fuera adentro: empieza por las extremidades y va acercándose al tórax, hasta que paraliza los músculos necesarios para tragar o respirar. En España la padecen unas 4.000 personas y se diagnostica a unas 900 al año. No tiene una causa conocida y, lo que es peor, tampoco hay tratamiento. Afecta casi siempre a gente joven y la supervivencia media desde el diagnóstico no excede de los tres años. Pedro estaba ya en ese plazo. “Tuve los primeros síntomas hace cuatro años. Dolores, calambres… Pero no me dijeron lo que tenía hasta hace dos. La verdad es que ahí los médicos dejaron mucho que desear”, dice socarrón horas antes de morir. En esos dos años, Pedro ha perdido la movilidad y la funcionalidad de los brazos y las piernas. Para fumar, un amigo le ha construido un soporte a partir de un perchero en el que su novia Lola sujeta el pitillo que otro amigo acaba de liar. Una máscara del personaje de dibujos animados del inspector Gadget da un toque humano al invento. Puesto a la altura de la cabeza, el hombre solo tiene que acercar la boca para dar una calada. Pero, enfrascado en la conversación como está, a Pedro se le olvida fumar y el cigarrillo se apaga, así que Lola tiene que ir a cada rato a encenderlo de nuevo.

Quiero reivindicar que, al menos, se despenalice el suicidio asistido”

Cinco días antes de morir, como todos los días, pasa el día postrado, porque las piernas ya no le sostienen. “Veo la tele, porque no puedo sujetar un libro o un fanzine [que es lo que prefiere] para leer. No puedo ni pasar las hojas. A veces, algún amigo me lee algo, pero me canso”.

Es solo una muestra de la dependencia absoluta que ha vivido Pedro en los últimos tiempos. “Cuando ya no puedes valerte por ti mismo no es una vida digna”, dice convencido. Y eso que él tiene una amplia red de apoyo. Si algo puede decirse, es que no está solo en ningún momento. “Al principio, cuando me dieron el diagnóstico, nos fuimos a vivir seis al campito”. Ahora, Pedro y Lola viven en un pisito de un barrio modesto cerca de la estación del AVE de Sevilla. “Es de un familiar y de renta antigua”, dice Pedro, que explica que él solo cobra 509 euros de una pensión no contributiva. “Pedimos la ayuda de la dependencia hace dos años, pero hasta ahora, nada”. Mientras tanto, Lola se encarga de todo, de darle de comer, del aseo… una amplia red de amigos, huella de una vida intensa, hacen de soporte para una situación que no tiene salida. La casa está muy caliente. “Es que tengo frío siempre”, dice él.

Pedimos la ayuda de la dependencia hace dos años, pero nada”

Cuesta entenderle cuando habla. La paralización ya le afecta a la capacidad de vocalizar, y Lola tiene que hacer a veces de traductora. Es la mejor pedróloga, dice con buen humor. Pero eso no es lo peor. El hombre empieza a tener problemas con la garganta y tragar cada comida es una tortura y una amenaza. “No quiero morir ahogado. Ya me ha pasado varias veces que la comida se me ha ido hacia los pulmones. Además, me cuesta mucho masticar. Tengo que pasarlo todo con mucho líquido, y eso es más peligroso”.

Esta situación es la que le ha llevado a tomar una decisión, a estas horas irreversible: quiere que le seden. No quiere tener más la angustia, el sufrimiento. Y, sobre todo, él, que se define como un “antitodo”, entiende que ya lo que tiene por delante es solo una agonía de un par de meses como mucho, siempre con el riesgo de asfixiarse, de ahogarse. Pero Pedro se ha encontrado con un escollo. Él, que ha sido un poco de todo —un buen estudiante que sacó el título de técnico de laboratorio y que ha trabajado de albañil, de camarero, de lo que surgía, o de nada—, quiere estar seguro de que va a vivir con dignidad hasta el final. “Uno debe tener el control de su propia vida. Yo he apurado la vida. He dormido en casas de campo, en un banco y en el talego. Participé en la okupación del túnel de Casas Viejas [una acción en 2007 que acabó con un desalojo por la policía ]. No se trata de morir con dignidad. Se trata de vivir con dignidad hasta el final, llevando el control de lo que se hace”.














Lola se encarga de todo; de darle de comer a Pedro, de asearlo, y también de encenderle los cigarrillos. / GARCÍA CORDERO

Por eso se desespera cuando ve que los servicios de cuidados paliativos no le ofrecen lo que pide. “Han venido a verme y dicen que no me estoy muriendo, aunque saben que no voy a vivir mucho. Que esto no es una agonía. Me han llegado a decir que deje de comer y beber unos días, y que así, cuando me deteriore, podrán aplicarme la sedación paliativa; los he echado de casa”, cuenta encendido, y Lola tiene que hacer de traductora porque las palabras se atropellan y el hombre se fatiga. “Es lo malo de esta enfermedad. Es como una cárcel cada vez más estrecha. No puedes ni pegar un golpe en la mesa y salir corriendo cuando te desesperas”.

No quiero morir ahogado. Ya me ha pasado varias veces que la comida se me ha ido hacia los pulmones"

Por eso ha decidido contarle a EL PAÍS su caso. Lo hizo el miércoles 14, cuando ya tenía todo decidido. Estaba pendiente de una visita del servicio de paliativos del hospital Virgen Macarena de Sevilla, para repetirles su petición. “No voy a ir más al hospital. No quiero que me sonden ni que me pongan un respirador. ¿Para qué? ¿Para durar tres meses en vez de dos? Lo que quiero es acabar tranquilo y dejar de sufrir. Que cada comida no sea una amenaza”. No le hicieron caso. Pero Pedro se guardaba un as en la manga. “Contacté con Derecho a Morir Dignamente hace mucho. Y ellos me han dado tranquilidad. Si he seguido hasta ahora, ha sido porque sé que ellos me van a ayudar. Si no, habría tomado la decisión de quitarme la vida antes”, afirma. “La ley de muerte digna andaluza no prevé casos como el mío. Está pensada para gente con cáncer. Pero a mí me dicen que no estoy terminal”.

La verdad es que la norma andaluza no puede ir más allá de lo que establece la legislación estatal: en España la eutanasia se considera un homicidio y la ayuda necesaria al suicidio está castigada por el Código Penal, aunque con atenuantes. Tampoco la ley de muerte digna que el Gobierno envió al Congreso antes de la convocatoria de las últimas elecciones cambia esta situación. A imagen de la norma andaluza, en la que se basa, deja claro que debe prevalecer la voluntad del paciente de renunciar a un tratamiento, que eso no debe impedir que los médicos le ofrezcan otras alternativas y, además, defiende a los profesionales que actúen por respeto a la voluntad de los enfermos, aunque la consecuencia sea acortar su vida.

¿Mi epitafio? ‘Muerte al Estado y viva la anarquía’. Dilo así”

Cinco días antes de morir, Pedro lo tiene todo preparado. Y sabe que es su última lucha. “Quiero reivindicar la eutanasia legal, o, por lo menos, que se despenalice el suicidio asistido. Ojalá con mi caso se reabra el debate”, dice. Pero, a falta de que la legislación le ampare, va a ir lo más lejos que puede, exigiendo que acaben con su sufrimiento. “Eso es legal”, insiste.

Dos días antes de morir, el sábado, Pedro organizó una fiesta. 80 personas, entre familiares y amigos. “Como una boda”. “Todos saben mi decisión, y me apoyan. Va a ser muy emotivo”, dice en uno de los pocos momentos en que su firmeza parece que se rompe. “Yo invito. Bueno, pagará el Estado”, bromea refiriéndose a que se va a gastar su última pensión en el convite. El domingo, médicos de la asociación DMD le visitaron. “Hicimos una valoración de su estado de sufrimiento, que él considera ya intolerable. Dado que en su estado no hay alternativa, y contando con el consentimiento del paciente, se procedió a la sedación”, cuenta el médico que le visitó. Falleció el lunes, en su casa, después de despedirse de su novia, sus amigos, su familia y su perro. El martes fue enterrado.

El hombre sabe perfectamente lo que quería. “Cuando todo se acabe, que me incineren y me entierren bajo un nogal. Imagínate un mundo donde en vez de cementerios hubiera bosques. Así, por lo menos, una vez muerto podré servir de abono y ayudar a luchar contra la deforestación”, dice. No sabe qué habrá después —“No tengo ni idea. Ojalá volvamos a la vida para seguir aprendiendo. Cuando nos veamos ahí, y que sea muy tarde, ya lo sabremos”— pero, vaya donde vaya, llevará su lema: “¿Mi epitafio? Lo que ha sido mi vida: ‘Muerte al Estado y viva la anarquía’. Dilo así”, insistió. Y queda dicho.

Una larga lista de antecedentes

Ramón Sampedro (1943-1998). Parapléjico desde 1968, cuando tenía 25 años, el hombre luchó durante 30 años para que los tribunales permitieran que un médico le diera una combinación de fármacos que acabara con su vida. No lo consiguió, y, al final, decidido a acabar con su vida, ingirió una dosis letal de cianuro que alguien le suministró. Luego se supo que había sido su amiga Ramona Maneiro, pero el delito de colaboración necesaria para el suicidio ya había prescrito. Su caso fue reflejado en la película Mar adentro.



Madeleine Z. (1938-2007). La mujer, que sufría una grave enfermedad paralizante, se quitó la vida en su casa de Alicante ingiriendo una combinación de fármacos. Recibió asesoría de la asociación Derecho a Morir Dignamente.



Inmaculada Echevarría (1955-2007). La mujer vivió 10 años postrada en una cama con la ayuda imprescindible de un respirador. Tardó más de medio año en conseguir que los médicos del Servicio Andaluz de Salud que la atendían aceptaran su petición de que la desconectaran de la máquina, algo a lo que, según la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, tenía derecho. Al final, fue la propia Junta la que aprobó su demanda, que solo pudo cumplirse cuando cambió de hospital, de uno concertado a uno público. Su caso motivó que Andalucía elaborara una Ley de Muerte Digna, modelo de la que dejó preparada el último Gobierno socialista y que está pendiente de tramitar en el Congreso, donde no se espera que el PP la retome.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/21/actualidad/1324491408_088893.html


Enredate especial muller 14-3ª parte

Enredate especial muller 14-2ª parte

Enredate especial muller 14-1ª parte

viernes, 6 de abril de 2012

Editorial: Doe a Terra. O Lume que quemou as Fragas.



Doe a terra, doe como se fora cada cm da nosa pel, sangue da nosa sangue. Doe ver arder as Fragas, ver como devora o lume una paraxe de conto no que cada un/ha de nós tiñamos fermosos recordos.
E por desgraza esta non é una catástrofe illada, a organización ecoloxista ADEGA afirma que no que vai de ano arderon mais de 6.000 hectáreas de monte con unha especial afección ós espacios protegidos de Limia-Xurés, O Courel, Macizo Central e agora as Fragas do Eume. Tamén asegura que durante o pasado outono o lume arrasou outras 11.000 hectáreas só en espacios da Red Natural 2000, "o que supón unha catástrofe ambiental de consecuencias tal vez irreversibles para a biodiversidade destas áreas".

Pero o que máis doe e darse conta de que coma sempre, esta nova catástrofe non é casual: é consecuencia da deixadez, dos recortes e da falta de inversión nos espacios naturais protexidos como relata ADEGA no seu comunicado de prensa. 

Tamén ven causado polo irracional modelo forestal actual que olvida os servicios ambientais e sociais do monte e da biodiversidade, que fomenta os monocultivos e que permitiu a proliferación de eucaliptos dentro do parque.


Non esquecemos ademáis que o Gobierno autonómico reduciu o presuposto en  sete millons en xestión e 20 en labores de prevención,  que os equipos das brigadas non están a cubrir baixas por xubilación co que atopanse moitas veces 2 ou 3 persoas para enfrentarse a un incendio, a estas alturas do ano e pese as condicións de sequia deste inverno e primaveira, non estaba desplegado ó cen por cen a precampaña contra incendios…con estas condicións, ¿Cómo non vai descontrolarse o lume?

E por último, non podemos pasar por alto os intereses económicos e industriais postos na zona afectada. Fai dos anos atrás a Xunta quería abrir a ceo aberto unha mina de andalucitas a escasos 50 metros do Parque Natural (O proxecto con algunhas modificiacións xa fora paralizado catro anos atrás polo seu grave impacto ecolóxico sobre a zona). A construcción da mina de andalucitas implica a desaparición e contaminación das augas dos ríos Maciñeira e Belelle que pasan polo Parque e abastecen de auga ás poboacións da localidade e implica a desaparición de parte da fauna e flora do parque. Legalmente, era imposible de executar. Pero por desgraza, nesta nosa Terra, coñecemos perfectamente “ós pirómanos mercenarios” eses que por una boa cantidade de diñeiro, queman zonas sen importarlles nada máis que o posterior beneficio para construcción, para a industria madereira, etc. Unha vez que a parte do Parque en “conflicto” está destruida, xa non existen escollos morais, legais, que impidan a apertura da mina. 

Doe de verás a desinformación, a falta de responsabilidade política, a búsqueda de beneficios sen escrúpulos, o mundo negro que lle estamos a deixar ós/ás nosos/as fillos/as. Ainda que de toda cinza, sempre nace unha pequena esperanza: a cidadanía que loita e que grita que NUNCA MÁIS desastres na nosa Galiza..