Trabajo atendiendo a personas con infección por el VIH en un hospital
público. De los 1.000 pacientes bajo mi cuidado, unos 150 son
inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario, y la mayoría no
sabían que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de un
trabajo con el que ganarse la vida, o se han infectado estando en
nuestro país.
Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento
antirretroviral en agosto si se cumple lo anunciado por la señora
ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles.
Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles
morir, pero no nos importará porque son ilegales. No lo merecen. No
existen. Pero yo conozco sus nombres y sus caras y cuando me despida de
ellos en la consulta sabré que soy parte de la hipocresía de una
sociedad donde el derecho a la vida es solo para algunos. ¿Qué sentirá
un político tomando decisiones que suponen la muerte de personas en aras
de un bien supuestamente superior, como es la reducción del déficit?
Espero no estar nunca en su pellejo.— Federico Pulido Ortega.
http://elpais.com/elpais/2012/04/26/opinion/1335461380_222409.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario